LOS MEDIOS DE DEFENSA TÉCNICA EN EL PROCESO PENAL

Medios tecnicos de_defensa from CARLOS ANGELES

Derecho a una Defensa Técnica Eficaz en el Perú

Por: Dr. Hugo Müller Solón

En el nuevo sistema penal acusatorio, el derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma el ámbito del debido proceso y que tiene como objetivo prioritario garantizar la inviolabilidad de la defensa de las personas sometidas a un proceso penal. La Constitución Política del Perú reconoce el derecho de defensa en el inciso 14), artículo 139º, garantizando que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza, no queden en estado de indefensión. La asistencia del defensor en este caso, resulta indispensable a los efectos de asegurar la igualdad de armas, ya que quien representa al Ministerio Público Fiscal es un abogado, con experiencia y conocimientos en derecho penal, de los que carece generalmente el imputado.

Pero en éste nuevo modelo procesal penal, si bien el derecho a la defensa del imputado resulta un requisito indispensable para garantizar el debido proceso, no resulta suficiente; se requiere necesariamente garantizar plenamente el ejercicio de una defensa técnica eficaz, que ubique en igualdad de posibilidades al imputado que se defiende y al Fiscal que acusa; se trata entonces que el imputado no solo tenga un defensor, sino que tenga las mismas y reales posibilidades que el acusador para poder presentarse en igualdad de condiciones frente al órgano jurisdiccional encargado por ley de resolver el conflicto del cual es parte. 

Tan importante es el derecho a la defensa técnica, - que implica la necesidad de que el imputado cuente obligatoriamente con asistencia letrada para el ejercicio de su defensa, - que-, en aquellos casos en los que no tiene posibilidad de nombrar un defensor de su elección, el Estado debe procurárselo, conforme se encuentra expresamente contemplado en el Art. Nº 80 del Código Procesal Penal. Asistencia técnica que no solo debe ser vista como el cumplimiento de un requisito del debido proceso, sino que la actuación del abogado defensor deberá ser profesional, diligente y eficaz. El abogado defensor del imputado debe preparar la defensa de su patrocinado, no solo recurriendo al análisis del aspecto jurídico del contradictorio, sino básicamente respondiendo con el diseño de una estrategia de acuerdo con las circunstancias que presente el caso. El abogado debe plantear una postura definida con fundamento factico, jurídico y probatorio en base a la cual pueda desarrollar sus argumentos de defensa; puede cuestionar los medios probatorios del acusador para desestimar su valor y demostrar la falta de consistencia de la acusación; puede apelar a la vulneración del debido proceso apelando a las deficiencias o irregularidades de orden procesal evidentes; puede inclusive apelar al derecho al silencio como una estrategia legítima de defensa  en procura de los intereses del imputado, máxime si se tiene en cuenta que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario, para lo cual se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales, siendo el Ministerio Público como titular del ejercicio publico de la acción penal quien tiene el deber de la carga de la prueba. 

Actualmente, se viene generando aceptación y consenso por parte de algunos órganos jurisdiccionales en diferentes países en donde se viene aplicando el sistema penal acusatorio sobre la verdadera dimensión y alcances del derecho de defensa, al declarar la nulidad del acto procesal realizado, cuando ha sido evidente una concreta vulneración al derecho de defensa tècnica eficaz del imputado; siendo uno de ellos Colombia, vecino país en donde mejor se ha interpretado la necesidad de que el imputado sea amparado con el derecho a contar no solo con una defensa técnica, sino que además que esta debe ser eficaz. Así tenemos que la Corte Suprema de Justicia de la Republica de Colombia, en fallo del 19 de octubre de 2006 (Radicación N° 22432), señaló que “(…) el derecho a la defensa no se concibe sólo como la posibilidad de que el imputado, procesado o condenado esté representado por un defensor técnico, sino que su ejercicio debe ser calificado en virtud a sus conocimientos especializados, para que garantice efectivamente sus derechos fundamentales y haga respetar el debido proceso que le otorgan los preceptos, igualmente, de rango constitucional y sea permanente, esto es, hasta cuando la situación de la persona sea resuelta definitivamente. La Corte tiene definido de antaño que el derecho a la defensa técnica, como garantía constitucional, posee tres características esenciales, debe ser intangible, real o material y permanente, en todo el proceso (…). En consecuencia, la no satisfacción de cualquiera de estas características, por ser esenciales, deslegitima el trámite cumplido, y por lo tanto, se impondrá la declaratoria de su nulidad, una vez comprobada su trascendencia”. Argentina también presenta jurisprudencia al respecto, es el caso del fallo en vía de Casación Nº 329:1209, caso Olariaga, Marcelo, condenado a una pena de ocho años de prisión por parte de un tribunal de la provincia de Córdoba. Deducido el respectivo recurso de casación, el defensor sólo se limitó a reproducir –en un escrito muy breve- los fundamentos insertos en el recurso de casación otrora declarado inadmisible sin siquiera referir la cuestión federal sometida a la jurisdicción de esa Corte como así tampoco el desarrollo de una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se basó la sentencia apelada. La Corte –por mayoría- rechazó el recurso sobre la base del artículo 280 CPCCN. Por su parte, los jueces Maqueda y Zaffaroni –en disidencia- entendieron que en el caso no se había satisfecho el derecho del imputado a ser asistido eficazmente, por cuanto la fundamentación técnica del recurso extraordinario no podía considerarse tal. Es por ello que declararon la nulidad de lo actuado desde el momento en el cual el justiciable interpuso la presentación del recurso de Casación. 

En esta misma línea, satisface conocer que la Sala de Apelaciones del Distrito Judicial La Libertad al resolver el Expediente Nº 2009-00186-0-1601-SP-PE-1. Fs.14, declaró nula el 19OCT2009 la sentencia condenatoria por delito de Violación Sexual de Menor de Edad, al considerar que se había vulnerado el derecho de defensa del imputado al haber omitido su defensa técnica ofrecer medios probatorios en la etapa de control de acusación. El sentenciado interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, alegando que durante todo el proceso se había encontrado en estado de indefensión por haber contado con una ineficiente defensa técnica que no actuó diligente y oportunamente en el ofrecimiento de los medios probatorios pertinentes que hubiesen podido demostrar su inocencia. La Sala Penal de Apelaciones declaró nula la resolución que condenó al recurrente y ordenó la realización de un nuevo juicio oral por otro Colegiado. (Fuente: ORE GUARDIA, Arsenio. Jurisprudencia sobre la Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal. Volumen II – Lima. 2012).

Por consiguiente, nos encontramos frente a nuevas corrientes jurisprudenciales que irán generando doctrina sobre la necesidad de una defensa técnica eficaz, diligente, activa, proactiva, consecuentemente causal de nulidad por vulnerar el debido proceso, en caso que esta sea calificada y demostrada como ineficaz; siendo en la actualidad inamisible una defensa pasiva y resultando preocupante el desconocimiento del principio de la igualdad de armas cuando quien asume la defensa técnica no conoce o tiene dudas sobre la dinámica del nuevo proceso penal y no puede actuar en igualdad de condiciones que el acusador en desmedro de las expectativas de su defendido. Un defensor inseguro, indeciso, sin rumbo, incapaz de presentar un caso con evidencia física y elementos materiales probatorios, limitadamente conocedor de las características y técnicas del contrainterrogatorio y de la normatividad procesal, no asegura realmente el derecho del imputado a una defensa técnica eficaz como garantía de un debido proceso y por ética profesional debiera apartarse de la defensa técnica, de quien asume la esperanza de contar con una defensa profesional eficiente y eficaz.  

Bibliografia recomendada:

EL EJERCICIO DEL DERECHO A DEFENSA TECNICA EN LA ETAPA PRELIMINAR DEL PROCESO PENAL. 

PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA ACUSATORIO PENAL

ALCANCES DOCTRINARIOS SOBRE EL PRINCIPIO ACUSATORIO (Extracto)

 Por: Waldir Espinoza Ramírez

I. ALCANCES TEÓRICOS DEL PRINCIPIO ACUSATORIO

Para Alberto Bovino, el principio acusatorio es “el desdoblamiento, de las funciones de perseguir y de juzgar en dos órganos estatales diferentes. El principio acusatorio no sería suficiente para separar los roles persecutorios y decisorios, sino se asegura una efectiva separación entre el Ministerio Público y Poder Judicial, así se mantiene el principio de oficialidad, pero juez y acusador no son la misma persona.”

Barman, por su parte, señala que, el desdoblamiento de las funciones o roles entre el Ministerio Público y el órgano Jurisdiccional, consiste en que “no ha de ser la misma persona quien realice las averiguaciones y decida después, al a respecto, tenemos una persecución de oficio del delito, pero con división de roles, lo que es fruto del derecho procesal francés. Esta división, en primer lugar impide la parcialidad  del juez, pues la función persecutoria– investigación y acusación- se encuentra en el Ministerio Público,  que por lo demás constituye un órgano público autónomo, separado de la organización judicial  y regido por su propio Estatuto Orgánico; y en segundo lugar, suprime la necesaria posición de objeto del acusado en el derecho procesal común” 

Abad Liceras, define este principio como aquél “consistente en que para que se abra un proceso y se dicte sentencia, es preciso que exista una acusación formulada por el Ministerio Público (El Fiscal) ….que sean distintas las funciones de acusar u de juzgar. Ambas son funciones públicas, pero en virtud del principio acusatorio, el Estado  no puede acusar y juzgar al mismo tiempo a través de sus órganos y funcionarios....debe existir una dicotomía entre el ente acusador (Ministerio Público) y el Jurisdiccional, con el fin de que se brinden las garantías necesarias al desarrollarse el proceso penal; siendo estas garantías la oralidad del proceso, publicidad del procedimiento y la igualdad de las partes.”

Para Herrera Kivers:  “El Principio Acusatorio en si, propugna que el Estado es a quien corresponde la carga de la prueba, basándose en la oralidad del proceso, garantizando la igualdad de las partes y sobre todo la publicidad del proceso…”

2.1 Características del Principio Acusatorio

Para el profesor José María Ascencio Mellado, el principio acusatorio tiene tres notas esenciales:

a) Ejercicio y mantenimiento de la acusación por un órgano distinto al Juez, así como el ejercicio de una acción pública. Rige la máxima ne procedat iudex ex officio.

b)  La división del proceso en dos fases y las tareas propias de cada una de ellas, de investigación y decisión respectivamente, han de ser conferidas a órganos diferentes, con el fin de evitar un probable y posible prejuzgamiento por parte del Juez sentenciador; rige, entonces, la máxima de la prohibición de la identidad entre instructor y decisor.

c) Relativa vinculación  del órgano jurisdiccional a las pretensiones de las partes, en atención a la acusación fiscal. La vinculación del órgano jurisdiccional es de carácter temático, es decir, al hecho penalmente antijurídico, de suerte que sobre él  el órgano jurisdiccional tiene facultad para completarlo y resolverlo en toda su extensión. El Juez no está obligado a aceptar el tipo  de condena ni la petición de pena, aunque la desvinculación no alcanza a los hechos imputados, que han de permanecer inmutables, sino a la calificación jurídico penal siempre que respete el bien o interés jurídico vulnerado”.

Gimeno Sendra, señalaría una cuarta nota característica del principio acusatorio:

d)      La prohibición de la reformatio in peius o reforma peyorativa. El Juez revisor que conoce de un grado concreto no puede agravar mas la situación de un apelante de lo que ya estaba  por la resolución o sentencia recurrida, salvo que el apelado impugna también dependientemente  la sentencia  o se adhiera a la apelación ya iniciada. El Juez ad quem está vinculado  por los límites objetivos y subjetivos de la impugnación  que de rebasarse afectaría irrazonablemente el derecho de defensa.”

El Dr. César San Martín Castro, precisa, en torno al tema abordado, que“conforme al principio acusatorio que informa todo proceso penal moderno, corresponde al Ministerio Público, definir el ámbito temático de la sentencia penal, a cuyo efecto debe describirse la  acción u omisión punible y las circunstancias que determinen la responsabilidad del imputado, así como citar las normas jurídico penales correspondientes, requisito último que es determinante para el adecuado ejercicio del derecho de defensa y lo especifico para  la vigencia de contradicción.”

Alberto Binder, en su obra Introducción al Derecho Procesal Penal, apunta: “En un sistema acusatorio el juicio representa la etapa mas importante y plena del proceso penal pues todo el sistema procesal en su conjunto no es ajeno al juicio oral sino está encaminado a ello, por ello la idea y la organización de un juicio contradictorio seria inconcebible sin la vigencia  de un principio acusatorio y de un Estado de Derecho”.

Finalmente, Arbulú Martínez y Burgos Mariños, respectivamente, puntualizan que, “por este principio, es el Ministerio Público quien tiene la titularidad de la persecución penal, estando reservado al Juzgador el fallo. Este principio fundamenta el rol de la Fiscalía en la persecución del delito pues sin noticia criminal, sin caso presentado por el Ministerio Público no se puede activar la función jurisdiccional”; y en suma, “la estructura del nuevo proceso penal así como sus instituciones allí contenidas, se edifican sobre la base del modelo acusatorio del proceso penal cuya grandes líneas rectoras son: Separación de funciones de investigación y de juzgamiento; el Juez no procede de oficio; el Juez no puede condenar ni a persona distinta de la acusada, ni por hechos distintos de los imputados; el proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad; la garantía de la oralidad es la esencia misma del juzgamiento y; la libertad del imputado es la regla durante todo el proceso”

ver artículo completo en: Revista Cambio Social

¿QUÉ ES LA TEORÍA DEL CASO?

Por Arsenio Ore Guardia

Debemos concebir a la teoría del caso como la visión estratégica del litigante de cómo va resolver el caso concreto, lo que significa que esta debe permitir al Fiscal o el abogado adoptar las decisiones adecuadas en el momento oportuno.

Es la visión estratégica de cómo se va afrontar el caso con miras a llegar al juicio oral. Esta visión debe girar en torno a los hechos. Además se debe considerar ante quién se hace, porque quien recibe la información es quien decide.

No obstante, según exponen Mauricio Duce y Andrés Baytelman esta es una idea incómoda para nuestra cultura jurídica tradicional, pues siempre hemos concebido al juicio penal como un ejercicio de averiguación de la verdad; y siendo así, ¿cómo podría el juicio ser una cuestión estratégica? No hay nada estratégico acerca de la verdad, diría un clásico: o el imputado mató a la víctima, o no la mató; o robó el banco, o no lo robó; ¿qué lugar tiene aquí la estrategia como no sea más bien un intento por, precisamente, ocultar o distorsionar la verdad? Esta es, más o menos, la postura que subyace a nuestra cultura tradicional.

Así, la teoría del caso es la brújula del litigante. Es un mapa en el que se ha diseñado el transcurso del proceso, desde el momento en se tiene conocimiento del mismo hasta que finaliza. La teoría del caso es el planteamiento que el Fiscal o el abogado realiza sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que la afirman.

La fortaleza y/o debilidad de la teoría del caso nos sirve de base para tomar decisiones. Por ejemplo, el Fiscal asume las suyas después de responderse a la pregunta ¿cómo investigo?, mientras que la defensa adoptará las correspondientes luego de contestar a la de ¿cómo defiendo? Y de buscar debilidades en la investigación para incorporar la duda razonable.

Las partes deberán trasmitir al Juez su versión, la cual se sustentará en la teoría del caso diseñada oportunamente. Pero hay que tener en consideración que el proceso penal está sujeto a diversos avatares, es difícil, salvo casos excepcionales, saber con anticipación en qué sentido se producirá la prueba, cómo declarará un testigo, qué arrojará la pericia, etc.

Es ahí, donde se demuestra la importancia del diseño de la teoría del caso, pues ésta permitirá al litigante afrontar con decisión el problema presentado.

CARACTERÍSTICAS

1. La teoría del caso se diseña desde el momento en que se asume el caso: A partir de allí se construye de manera secuencial y ordenada.

2. La teoría del caso se orienta al juicio oral: El juicio oral es el eje central del

proceso;  no porque toda investigación debe terminar en juicio oral, sino porque las decisiones más importantes del proceso deben ser asumidas en función de lo que se conseguiría en el juicio oral. Si el Fiscal considera que no tiene seguridad de conseguir una sentencia condenatoria le convendría llegar a una negociación o un acuerdo reparatorio con el inculpado.

3. La teoría del caso es mutable durante la investigación: Desde que se asume el caso y durante toda la investigación la teoría del caso es mutable. La teoría del caso puede cambiar e ir evolucionando hasta la acusación fiscal, a partir de la cual es inamovible, porque en el juicio oral ya no se puede generar nueva evidencia.

4. La teoría del caso tiene que ser única a partir del juicio: Después de la acusación es única. Hay que prescindir de las versiones subsidiarias. Por ejemplo: Pedro es inocente porque no estuvo en el lugar de los hechos; pero en caso de que hubiese estado, es inocente porque actuó en legítima defensa.

Hay que recordar que uno es responsable de las decisiones que toma en el proceso.

5. La teoría del caso debe ser autosuficiente. Cuando se diseña el relato de los hechos lo hacemos dentro del marco de la adversariedad. El relato debe hacerse en forma de que enfrente con éxito las objeciones e interrogantes que pueda plantear la contraparte. Ejemplo: El Fiscal dice que Pedro estaba en Lima al momento de los hechos. El abogado dice que Pedro estaba en Trujillo. Pero el Fiscal tiene 50 testigos que afirman haber visto a Pedro el día de los hechos en Lima. Siempre hay que pensar en el juicio oral, por eso la versión tiene que ser acreditable y posible de oponer a la otra parte.

6. La teoría del caso debe ser sencilla: Los argumentos deben ser claros y sencillos. No hay que redundar en versiones densas. Debe girar en torno a las pruebas existentes. No hay que entrar en sofisticados razonamientos fácticos o dogmáticos.

7. La teoría del caso debe ser coherente: Debe ser armónica, sin contraposiciones. Su exposición debe guardar una coherencia tal, que permita inferir las consecuencias jurídicas de los hechos que la soportan.

8. La teoría del caso debe ser veraz: Debe basarse en elementos creíbles y reales que persuadan al juzgador.

9. La teoría del caso debe ser suficientemente jurídica: Debe tener una base jurídica que logre demostrar la concurrencia o no de los elementos del tipo penal o el cumplimiento de los requisitos de la obtención de la prueba.

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VISIÓN GENERAL DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

Etapas procesales en el NCPP por Dr. Cubas Villanueva from CARLOS ANGELES

Por Victor Cubas Villanueva

Luego  de  dos  intentos  fallidos  de  reforma  del  sistema  de administración  de Justicia Penal, el primero en 1991   con la promulgación del Código Procesal Penal  del que sólo entraron  en vigencia algunas normas  tales  como   las  referidas  al   Principio  de  Oportunidad,   a  las medidas de  coerción, etc….. y el segundo en  1995  cuando el  Proyecto elaborado por la Comisión Revisora  que fue nombrada  para adecuar las normas del  Código  a la Constitución de  1994   fue aprobado  en  dos oportunidades  por  el  Congreso,   pero  fue   observado  por  el  Poder Ejecutivo y finalmente dejado en el olvido;  después de varios años se retomó el tema de la reforma procesal penal  y luego de encargar a una Comisión el estudio pertinente,  el   29 de julio del  2004 se promulgó  el nuevo Código Procesal Penal.

Varias  razones   justifican que  nuestro  país  cuente  con  un  nuevo Código Procesal Penal:

i) Desde un punto de vista del derecho comparado casi  todos los países de nuestra  región contaban  desde hacía algunos años con  códigos  de  proceso  penal  modernos;  es  el  caso  de Argentina,  Bolivia,  Colombia,  Costa  Rica,  Chile,  Ecuador,  El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay  y  Venezuela.

ii) La  necesidad  ineludible  de  adecuar  la  legislación a  los estándares mínimos que establecen los  Tratados Internacionales de  Derechos  Humanos (Declaración  Universal  de  los Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos)  y  a  las  normas contenidas en la Constitución Política del Estado  que  otorgan  la titularidad de la persecución penal al Ministerio Público.

iii) La  imperiosa  la  necesidad  de  organizar  toda  la  normatividad procesal  en un cuerpo único y sistemático,  bajo la lógica de un mismo modelo de persecución penal.

En  ese  orden  de ideas la  estructura  del nuevo  proceso penal se edifica  sobre  la  base  del  modelo  acusatorio de  proceso  penal  cuyas grandes líneas rectoras son: separación de funciones de investigación y de juzgamiento;  la libertad del imputado es la regla durante el proceso. El proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción,  igualdad de armas  y  respeto  escrupuloso del  derecho de defensa;  además bajo la vigencia  de las  garantías de oralidad  que permite que los juicios se realicen  con  inmediación  y  publicidad,  dando  lugar  a   un  mayor acercamiento y control de la sociedad hacia los encargados de impartir justicia en su nombre.

Con la promulgación de este Código vía Decreto Legislativo número 957 promulgado el 28 de Julio último empieza  la constitucionalización del proceso penal peruano, estamos ante la inminente posibilidad de desterrar el  procedimiento SUMARIO inquisitivo, burocrático,  despersonalizado, que no permite luchar contra la criminalidad organizada y que ha fomentado la  impunidad,  uno  de  los  fenómenos  más  aborrecidos  de  la  sociedad actual.   Asimismo  podremos  a  poner  fin   a  la  nefasta  situación  de entrampamiento  surgida  como consecuencia de la  confusión de roles vigente en el anterior Código de Procedimientos Penales,  situación  que se grafica   en  el  hecho  que  ni  el  Fiscal,  ni  el  Juez  cumplen  su   rol constitucional:  El Fiscal que debe investigar no investiga, pero acusa en base a elementos de convicción que él no ha logrado y el Juez que debe juzgar, no juzga, pero condena.    Por  eso  no podemos  posponer  una reforma  cuyas bases fueron sentadas hace más de veinte  años en la Constitución de 1979. Hoy  podemos decir, que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla;  al fin  tenemos un  Código Procesal Penal,   en  el  que  están  ordenadas  de  manera  coherente,  lógica  y sistemática todas las normas  procesales.

En el nuevo modelo El  Fiscal de la Nación debe asumir una actitud de liderazgo que guíe la actividad de  los Fiscales y de la Policía Nacional del Perú que interviene  en investigación del delito.   En breve tenemos que contar  con  un  Ministerio  Público  fuerte  y  protagonista,  responsable  de llevar  adelante  la  investigación  de   los  delitos,  acusar  a  los  presuntos responsables  y  ejercer  facultades  discrecionales   relevantes  para mantener la carga de trabajo  del sistema en volúmenes  razonables.  Para ello es necesario  adecuar su arquitectura   institucional a  los  nuevos requerimientos  y,  realizar  los  esfuerzos  sistemáticos  de  fortalecimiento presupuestario, material y de recursos humanos, así como establecer los mecanismos  de  cooperación  interinstitucional.   El  Ministerio  Público  no podía continuar siendo  Mesa de Partes de la Policía Nacional. De igual manera el  Poder Judicial  tiene que asumir lo esencial de su función, ser garante  de  la  vigencia  plena  de  los  derechos   fundamentales  de  la persona y realizar la etapa procesal del juzgamiento.

PRINCIPIOS PROCESALES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL PERUANO

Por : Williams Robles Sevilla
Centro de Estudios de Derecho Penal UPSPM

El Juicio Oral se desarrolla siguiendo determinados principios que inspiran su desarrollo. En el Nuevo Código Procesal Penal en al Art. 356º lo señala como la etapa más importante de todo el proceso, ya que en él se confrontaran las pruebas recabadas, pericias realizadas, testimonios del Fiscal encargado de ejercitar la acción penal como de la defensa. Siendo esta la etapa más importante resulta beneficioso para las partes que las garantías procesales se respeten, podemos decir que el Juez se convierte en un Juez de Garantías, encargado de la dirección del proceso así como regulador de las actuaciones de las partes y supervisor del debido cumplimiento de los principios que a continuación se detallan:

PRINCIPIO ACUSATORIO.-

Para desarrollar este principio debemos tener en cuenta la máxima que dice “nullum iudicium sine accusatione”, no existe juicio sin previa acusación; es decir que el Juez esta impedido de iniciar de oficio el proceso penal, para ello debe esperar la acusación propuesta por el Fiscal. Este es una de las características de este principio pues divide las funciones del Fiscal y del Juez, además de limitar la influencia de este último con relación a la recolección de las pruebas.

b) PRINCIPIO DE ORALIDAD.-

Es el principio por excelencia, sin el no habría juicio y le corresponde al juez la valoración de cada testimonio, pericia o alegato presentado. Estamos de acuerdo con el Dr. Neyra flores cuando dice “la oralidad no se limita a la mera lectura de escritos, declaraciones, actas, dictámenes, etc. Que afectarían la inmediación y el contradictorio. Por el contrario, la oralidad es la declaración sobre la base de la memoria del imputado, victima, testigos y peritos, que deben ser oídas directamente por las partes o los jueces..” . Entonces queda claro que la oralidad es la regla en el juicio, es la forma en que se manifiesta la comunicación durante el desarrollo de la audiencia, salvo que se requiera de la asistencia de un intérprete o de un traductor para el examen del acusado, del agraviado o de los testigos.

c) PRINCIPIO DE PUBLICIDAD

Es uno de los pilares del sistema acusatorio-garantista, por medio de este principio la sociedad puede estar al tanto de la forma en que se administra justicia. Según el Dr. Gimeno Sendra, se entiende “aquel procedimiento en el que la ejecución o práctica de la prueba se realiza se realiza mediante la posibilidad de asistencia física, no sólo de las partes, sino de la sociedad en general12”. Sobra decir que este principio garantiza la transparencia del juicio y reduce la posibilidad de que existan arreglos bajo la mesa o cualquier acto de corrupción13. Nuestra Constitución lo ampara en el Art. 139º inc. 4.

d) PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.-

Este principio solo rige para todo el proceso (Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia, Juicio Oral), si lo entendemos que en el nuevo proceso penal la oralidad predomina y por tanto también este principio14. Conceptualmente este principio exige el acercamiento directo entre el órgano jurisdiccional y la persona acusada lo que permite conocer de este no solo su personalidad sino también la forma de reacción frente a las pruebas que se sustentan en su contra y hasta las pruebas que lo favorecen.

e) PRINCIPIO DE CONTRADICCION

El Principio de Contradicción puede ser definido como “el reciproco control de la actividad procesal, y la oposición de argumentos y razones entre los contendientes sobre las diversas cuestiones introducidas que constituyen su objeto”. Es decir, es la confrontación de testimonios, pericias, documentos o cualquier objeto que constituya prueba, que son ofrecidos por las partes para la sustentación de su posición en la etapa de juzgamiento.

Su fundamento encuentra eco en el derecho de defensa y en la igualdad de armas que debe existir en todo el proceso, ya que con ello se establece que tanto la parte acusatoria y la parte de la defensa tendría la misma igualdad de condiciones para presentar pruebas.

f) PRINCIPIO DE CONTINUIDAD

Es el principio que inspira al proceso para que culmine lo más pronto posible, sin interrupciones a las actuaciones llevadas a cabo durante todo el proceso. Como mencionamos antes con la continuidad así como por el principio de inmediación se busca terminar con las dilaciones innecesarias existentes en el desarrollo de todo el proceso. Con ello se permitiría un mejor seguimiento de los hechos que se juzgan y de las pruebas que se realizan que como suele suceder algunas no pueden estar a tiempo, lo cual origina un problema que es resuelto por el código al establecer un tiempo prudencial de interrupción (ocho días).